Despidieron a un médico por supuestas guardias «falsas» y por atender de forma privada
El doctor Abel Oscar Salto fue removido de su puesto en el Hospital «Almirante Brown» en Pampa del Infierno, donde trabajaba bajo un régimen de dedicación exclusiva, pero atendía en un consultorio privado sin registrar sus ausencias.
El Ejecutivo provincial decidió despedir al médico, quien tenía un contrato de planta permanente en el mencionado hospital, con un compromiso de 44 horas semanales. Esta resolución fue resultado de una investigación administrativa que reveló serias irregularidades e incompatibilidades en su trabajo. Según el decreto 907/25, la investigación surgió de una denuncia interna donde se indicaba que el doctor Salto no documentaba correctamente sus salidas y que no realizaba las guardias médicas, ya que contaba con certificados que solo le permitían tareas pasivas (en consultorios). No obstante, una auditoría mostró que en febrero de 2024, el médico estaba asignado a numerosas guardias que aparentemente no cumplió.
Adicionalmente, se presentaron capturas de publicaciones en redes sociales y otros documentos que demostraban que Salto ofrecía atención médica privada en el Sistema Asistencial de Enfermería (SAE), donde aparecía su nombre y número de contacto como profesional responsable.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas determinó que el médico violó las disposiciones del régimen de dedicación exclusiva establecido en la Ley N° 292-A, que prohíbe expresamente el ejercicio de una profesión liberal mientras se ocupa un cargo público con compensación por dedicación exclusiva.
Durante el proceso de investigación, el médico envió un memorial de defensa argumentando que su trabajo en el SAE consistía en capacitaciones no remuneradas y que sus ausencias en las guardias eran por problemas de salud –indicó padecer anquilosis de cadera–. Sin embargo, el informe de Salud Ocupacional descartó cualquier incapacidad laboral, y se comprobó que no impugnó las pruebas presentadas en su contra. El dictamen final, respaldado por la Dirección de Sumarios y la Asesoría General de Gobierno, confirmó que el doctor Salto había infringido normas fundamentales del Estatuto del Personal de la Administración Pública, incluyendo principios de ética, transparencia y compatibilidad de funciones, lo que llevó a su despido definitivo como medida disciplinaria.
